CREDITTOS

Así de salvaje y de apocalíptico reza el título de un artículo que he leído en Cotizalia. El autor comienza explicando que un problema gordo puede partir de que los alemanes quieren únicamente euros impresos en Alemania. No por un falso espíritu patriótico. Prima más, de hecho, el rechazo a los billetes procedentes de las naciones que, despectivamente, el mundo anglosajón ha bautizado como PIGS en contraposición con los BRICs (Brasil, Rusia, India y China). Los teutones no quieren dinero portugués, italiano, griego o español ya que, pese a su equivalencia en valor y solvencia, “ante el riesgo de desequilibrios en la Eurozona, es mejor tener moneda de los países más estables”.

No se trata de una mera anécdota. El artículo concluye señalando que, más allá de esas diferencias geográficas, el 59% de los alemanes mantienen serias dudas sobre la idoneidad de la moneda única y sus efectos inflacionarios. El euro, pese al interés político, no ha llegado a cuajar entre la ciudadanía. ¿Perdurará en el tiempo? ¿Qué pasará con España?

Esta cuestión me ha traído a la memoria el clásico publicado por Wolfang Munchau hace más de dos años en Financial Times y que sólo he localizado en los blogs de Expansión, cuyo link les adjunto (tienen que bajar hacia la mitad de la página). Su título: “España tiene más razones para abandonar el euro que Italia”. En él, el siempre polémico Munchau, anticipaba el crash inmobiliario que finalmente se ha producido en nuestro país (consecuencia de la imposibilidad de que los factores que habían propiciado el boom perduraran en el tiempo); denunciaba la paulatina pérdida de competitividad nacional, consecuencia de la rigidez tanto de precios como de salarios (que amenazaba con llevarse por delante nuestras exportaciones en el plazo de siete años); censuraba el elevado endeudamiento patrio, derivado de la existencia de unas tasas desaforadas de consumo; y advertía, cómo única nota positiva, que el bajo nivel de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto podía facilitar, al contrario de lo que ocurría en el caso italiano, el pago de los compromisos pendientes si el país decidía, una posibilidad remota en su opinión y en la mía, abandonar un euro del que se había beneficiado en el pasado y que, por el contrario, ahora sólo podía aportar constricciones adicionales. Su conclusión era demoledora: España se encaminaba a todo trapo hacia una recesión económica que sólo se podía corregir a través de un ajuste brutal de la demanda interna. Algo que hemos propugnado, en repetidas ocasiones, desde esta misma columna.

Ayer, un partícipe del foro me advirtió de que Munchau había vuelto a la carga con un interesante análisis, publicado el 20 de julio en ese mismo diario británico, bautizado como “La Eurozona tiene que dejar atrás su complacencia”. El titular era y es engañoso ya que el 80% del artículo está dedicado a nuestro país. Y no precisamente para bien. En él, el autor recuerda, no de forma explícita, cierto es, la validez de sus argumentos pasados. El residencial se ha colapsado, como prueba el caso Martinsa-Fadesa, mientras que España ha seguido perdiendo competitividad frente a Alemania (por el vínculo entre salarios e inflación, diferencia entre el sindicalismo reivindicativo y el participativo que está por llegar a nuestro país). De paso, por cierto, una bomba: “no se dejen engañar por el hecho de que los bancos españoles no tengan posiciones del subprime norteamericano. Estar expuesto al hipotecario de aquél país es probablemente peor”. Y como colofón, el reconocimiento al margen de maniobra fiscal que tiene España que no va a impedir que el país entre en “una década de miseria, caracterizada por una caída de los salarios reales”. Mismo diagnóstico, distinto tratamiento, como verán.

Leo en El Mundoque un 58% de los españoles considera al euro un ‘lastre’ para la economía.

El euro ha salido demasiado caro. Ésta es la tesis que mantienen un buen número de españoles sobre los efectos que la moneda única ha tenido sobre la economía española desde su llegada a nuestras casas, el 1 de enero de 2002. Es, al menos, una de las conclusiones que ofrecen los datos de la encuesta elaborada por Sigma Dos para EL MUNDO en relación con la opinión que los españoles tienen sobre el euro.

El estudio revela que un 58% de los ciudadanos opina que la nueva moneda ha supuesto un lastre para el crecimiento y la modernización de la economía española. Los más quejosos son las mujeres (67%) y, curiosamente, los jóvenes (64,6% de los menores de 29 años). Entre los hombres hay prácticamente igualdad entre los que sostienen que ha sido una ayuda (46,9%) y los que dicen que ha sido un lastre (48,7%).

En lo que hay absoluta unanimidad es a la hora de culpar al euro de la inflación. El 96,7% dice que, con la nueva moneda, han subido los precios. Estas impresiones negativas contribuyen a que uno de cada cuatro encuestados (26,6%) considere que, en la actual coyuntura de crisis, a España le convendría abandonar el euro y recuperar la peseta.

Sorprende, en este punto, que el colectivo de gente que tiene de 18 a 29 años, que en la anterior crisis —la de 1993— tenían entre 3 y 14 años, sean los más proclives (35,5%) a recuperar la peseta, frente al 20% de las personas de más de 30 años.

Implicaciones Monetarias de las Tarjetas de Crédito

Aunque se señala que la tarjeta de crédito agrava el proceso inflacionario, ya que su uso incrementa el consumo de servicios, no importando mucho que esta demanda vaya acorde o no con la producción de las mismas, se podrían enumerar varios aspectos en los cuales su incidencia en las actividades económicas financieras resulta muy positiva.
Es notoria la expansión que en los últimos tiempos han tenido en la República Dominicana las instituciones crediticias tradicionales o no tradicionales, canalizando recursos en forma de préstamo hacia todos los sectores de la economía. Dentro de estos, el mismo mecanismo de la tarjeta de crédito ha venido a frenar la expansión monetaria, sustituyendo fuentes de crédito de menor cuantía y colocando en manos de los usuarios un crédito potencial y no real, cuyo destino en caso de ser usado irá a satisfacer necesidades de bienes de consumo, y no a crear una expansión del circulante por el desvío de recursos a entidades financieras.
El costo del manejo del dinero plástico tiende a minimizar gastos financieros a todos los sectores envueltos en la operación, como son:
· Los Usuarios: ya que el gasto de tramitación del crédito es muy reducido por la rápida concesión, además de recibirlo en el tiempo preciso; por tanto, el costo de oportunidad es un factor preponderante.
La Entidad Emisora: los gastos son menores por la automatización y masificación en la toma de decisiones crediticias y reducción de gastos operacionales por un menor manejo de transacciones con efectivo y con cheques.
Los Afiliados: por la reducción significativa en la concesión de crédito, la menor necesidad de financiamiento y los menores gastos de papeleo por facturación. Además las autoridades monetarias tienen menores gstos por el manejo reducido de la moneda.

Ante el repunte de la morosidad en España, grupos financieros internacionales como Intrum Justitia, Link Finanzas, Cabot Financial o Aktiv Kapital se lanzan a la adquisición de deuda hipotecaria y de consumo.

El repunte de la morosidad en España se convertirá este año en un filón de negocio para los grupos financieros internacionales especializados en la compra de créditos impagados y fallidos. Bancos y cajas españoles planean vender carteras de deuda impagada por valor de más de 5.000 millones de euros este año, según las previsiones que manejan las empresas del sector consultadas por EXPANSIÓN. No existen estadísticas de la venta de este tipo de activos.

La tendencia empezó a despuntar con fuerza en 2007, cuando las entidades financieras españolas vendieron carteras de impagados por valor de 3.200 millones de euros. La mayoría –2.900 millones de euros– correspondió a créditos al consumo y, sobre todo, tarjetas de crédito, explica el director general de la británica Link Finanzas, Rafael Gonzalo. El resto de las operaciones, cerca de 300 millones, fueron deuda hipotecaria.

El año pasado ya se empezaron a registrar operaciones de gran volumen como la venta que realizó BBVA de una cartera de deuda fallida de diez años de antigüedad por valor de 720 millones de euros, que se adjudicó el grupo alemán GFKL.

Despedida y cierre

ADICAE cree que también debería incluir una actualización de la Ley de Represión de la Usura de 1908, concretando con exactitud qué tipos se considerarán como usurarios, así como abordar el tratamiento del sobreendeudamiento de los españoles.

La ley no aliviará la deuda de los españoles, ni disminuirá su apetito por el consumo, pero les recordará que la reunificación de deudas no es un acto de magia, sino un cambio de deuda que tiene un elevado sobrecoste y al que sólo debe recurrirse cuando se han agotado todas las otras opciones.

Fuente.

En proceso de regulación

Gracias a la presión de las asociaciones de usuarios y a la acción de otros agentes como el Defensor del Pueblo, el Gobierno trabaja actualmente en un proyecto de ley, aprobado en Consejo de Ministros, que será presentado a las Cortes en breve y que regulará tanto estas actividades como los de otros negocios también en auge, los créditos rápidos, concedidos también en algunos casos por entidades no sometidas a ningún tipo de supervisión (en otros casos, como sucede con las entidades vinculadas a instituciones bancarias o las que se constituyen como establecimientos financieros de crédito, estas empresas de crédito rápido ya están sujetas a la regulación del Banco de España)

La ley obligará a las empresas de reunificación de deudas (como intermediarios financieros) a registrarse y a ser más transparentes en la información que proporcionan al consumidor y presumiblemente no estará operativa antes de 2008.

Algunos, como Aitor Ibarra y organizaciones como ASNEF o ADICAE consideran que ley deberá todavía sufrir varias modificaciones y que hubiera sido mejor que esas empresas dependieran del Ministerio de Economía y no del de Consumo.

Un riñón en intereses

Pero incluso entre las entidades de reunificación en las que no existen intenciones fraudulentas las diferencias son muy significativas y los costes ocultos numerosos.

La magia que prometen se logra a base de importantes comisiones y gastos, entre ellos las comisiones de cancelación anticipada de deudas, las de apertura del nuevo préstamo y las de intermediación, que pueden oscilar entre el 1% y el 7%, según afirma Antonino Joya, de la OCU.

Todas estas comisiones se añaden al nominal del nuevo préstamo; al final, el cliente consigue pagar menos cada mes, pero el ahorro no existe: se paga durante mucho más tiempo y muchos más intereses.
Al final, el ansiado ahorro no existe: se paga durante mucho más tiempo y muchos más intereses
ADICAE incluía un ejemplo revelador en un artículo relacionado con el tema publicado en su revista. Asumiendo una deuda ficticia total de 138.774 euros, y utilizando los costes y comisiones publicitados en el mercado, el consumidor podía acudir a una de estas empresas para reducir los pagos mensuales de 1.512 euros a 707. El coste: 158,229 euros de intereses, frente a los 82.432 euros de la deuda antes de ser reunificada, esto es, casi el 100% más de intereses a cambio de vivir algo más desahogado cada mes.

Un caso flagrante

El próximo podría ser Rafael Romero, un pizzero de 38 años de Rota cuya casa saldrá a subasta el jueves de la próxima semana.

Casos como estos, vinculados por la necesidad y desesperación de quienes ya no tienen más recursos, se multiplican por toda la geografía española, como revela Antonio González (en la imagen), un vecino de Vigo que lucha en los tribunales para recuperar su casa de 500 metros cuadrados enclavada en un terreno de 10.000 metros cuadrados que se adjudicaron en subasta los prestamistas en julio de 2006 cuando no pudo hacer frente a dos letras por un valor de 44.000 euros.

Antonio fundó en diciembre pasado junto con otros afectados AFINES, una asociación que pretende concienciar del problema a la Administración y que según él ya reúne a unos 1.000 damnificados.

En casi todos estos casos, como señala el abogado Aitor Ibarra, cabe hablar de usura, actividad prohibida por una ley (también llamada Azcárate) de 1908 que es la que esgrime precisamente el letrado bilbaíno para intentar anular por la vía civil los intereses y lograr que sus defendidos sólo tengan que hacer frente al principal. En mucho de ellos, se recurre también a la vía penal, al incurrirse en falsificación de documentos.

No es oro todo lo que reluce

Sin embargo, entre todas estas empresas existen notables diferencias, e incluso mucha manzana podrida, como revela Aitor Ibarra, abogado bilbaíno que representa a cincuenta personas que han perdido sus hogares o sobre los que pesa una orden de embargo por culpa de una de estas empresas.

En casi todos los casos, los intermediarios persuadieron a sus víctimas de firmar créditos puente con prestamistas privados con los que saldar sus pagos más acuciantes antes de encontrar a una institución financiera con la que reunificar el total de sus deudas. Esa institución nunca llegó y las letras que tuvieron que firmar los ciudadanos, con intereses abusivos y plazos de devolución imposibles, terminaron constándoles una orden de embargo y en muchos casos sus propias casas.
Entre las empresas de reunificación de deudas hay muchas diferencias y también algunas manzanas podridas

Ése fue el caso de Antonio Soto, albañil de 34 años que fue desahuciado en Jerez (después de firmar una letra por 38.200 euros a pagar en seis meses a cambio de la cual los prestamistas liquidaron 18.000 euros de sus deudas, esto es, un interés de más del 200% anual), o el de su paisano Fernando Sojo, también de Jerez, cuyo padre, Antonio Sojo, tuvo que suscribir una hipoteca para poder frenar el embargo de la casa de su hijo.

Hecha la ley, hecha la trampa

Esta coyuntura difícil resulta un caldo de cultivo excelente para las compañías de reunificación de deudas.

Aunque su número de desconoce con exactitud, se cree, como señalan fuentes de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), que pueden rondar las tres mil, gracias a la imparable expansión de las franquicias.

Todas ellas ofrecen, sobre el papel, el mismo servicio: ayudan a la persona endeudada a encontrar una entidad prestamista dispuesta a hacerse cargo de sus múltiples pagos (el coche, la casa, el ordenador y así hasta los 1.130 euros mensuales mencionados más arriba) a cambio de un único pago mensual, de importe más bajo (los 500 euros). Para lograr que el pago mensual sea más reducido se suscribe un nuevo préstamo hipotecario con el plazo más largo posible o se amplía la hipoteca que ya se tiene.